En el gasto, los poderes públicos pueden decidir anualmente si amplían, reducen o mantienen las obligaciones de gasto asumidas por el Estado en lo que se llama política fiscal discrecional. Algunas de éstas son sensibles a la fase del ciclo por la que atraviesa la economía por el denominado componente autómatico del gasto público, que puede hacer que aumente o disminuya el porcentaje del gasto respecto a la renta. También afecta al P.I.B.
El gasto público en España como porcentaje del P.I.B. creció sin pausa entre 1975 y 1986 como resultado de dos factores, el político, que fue la transición, en la que se redifinió el contrato social entre los españoles con múltiples proyecciones; y el factor económico, ya que se dio una crisis económica que reclamó un aumento de las atenciones públicas que se materializó en subvenciones, transferencias de capital y en aliviar el desempleo. Todo esto no se hubiera podido dar sin encontrar nuevas fuentes de ingresos mediante una profunda reforma fiscal.
En 1986 hubo una pequeña pausa favorecida por la recuperación coyuntural, pero a partir de 1988 hasta 1993 se reanudó el crecimiento. Este último año mencionado marcó un punto de inflexión, ya que gracias a la políticas del aumento de tamaño del sector público y de leve estabilización presupuestaria, se bajó el gasto como proporción del P.I.B. siguiendo los pasos de la Unión Monetaria Europea.
5.1 Gasto Público: En torno al 40% del P.I.B. pasa cada año en España a través de las Administraciones Públicas, constituyendo el gasto público. Una parte de él se destina a pagar a los funcionarios o para comprar bienes y servicios necesarios para la Administración, y otra se transifere a ciertos grupos particulares como los pensionistas o lo perceptores del seguro del desempleo, el resto se utiliza para la inversión, que aumenta la capacidad de producción de la economía.
El gasto público no financiero se divide entre empleos corrientes, que reflejan parte del gasto convertido en consumo o ahorro en términos macroeconómicos, y de capital, que reflejan parte del gasto destinado directamente a inversión por unos u otros. La distribución es la siguiente:
Respecto a los empleos corrientes, tienen cuatro grandes partidas, el consumo final de las Administraciones Públicas, las subvenciones, las prestaciones sociales distintas a las transferencias en especie y los intereses de la deuda pública.
- Sobre la primera de ellas podemos decir que es la partida mas importante, porque engloba la producción de bienes públicos y bienes preferentes, actividades intensas en trabajo y materializadas en retribuciones o transferencias de iniciativa privada, y también las compras de bienes y servicios.
- Sobre la tercera de ellas y segunda mas importante, podemos decir que en ella se recogen el gasto en pensiones, el subsidio por desempleo y algunas otras ayudas con las cuales los poderes públicos intentan atender situaciones de necesidad. Tambiés son dignas de mencionar las prestaciones por desempleo, aunque su importancia relativa es muy inferior al gasto y además la notable reducción del desempleo ha permitido limitar los recursos destinados por el Estado a éstas prestaciones.
- Sobre la cuarta de ellas podemos decir que son gastos correspondientes a desequilibrios presupuestarios de ejercicios anteriores, transmitidos como una carga a los contribuyentes del presente. Los últimos años se ha beneficiado de la reducción de los tipos de interés producida por la estabilidad macroeconómica.
5.2 Ingresos Públicos: El origen del actual sistema tributario español se encuentra, primero con la reforma fiscal iniciada el en año 1977 que estableció la introducción de la imposición sobre la renta y el patrimonio en un sentido moderno, y segundo, con la implantación del Impuesto sobre el Valos Añadido (I.V.A.). Con este cambio ganó equidad, flexibilidad, neutralidad y transparencia.
La falta de equidad se corrigió en parte por medio de la imposición directa con la creación de un impuesto sobre el patrimonio.
La escasa flexibilidad fue paliada al introducir impuestos mas sensibles a la coyuntura, asi en las fases de auge se resta presión a la demanda, y en los tiempos difíciles, no se agobia adicionalmente al secto privado.
La neutralidad se procuró reduciendo la importancia relativa de las cotizaciones sociales.
Los recursos no financieros de las Administraciones Públicas se nutren sobre todo de tres partidas: las cotizaciones sociales, los impuestos indirectos y los directos.
Las cotizaciones sociales aportan financiación al sistema de Seguridad Social y han estabilizado desde hace algún tiempo su tamaño relativo en el conjunto de los recursos no financieros de las Administraciones Públicas.
Destacan también los impuestos sobre la producción y las importaciones, que constituyen la segunda fuente de recursos de las Administraciones Públicas y también muestran una clara sensibilidad a la coyuntura económica. El principal tributo es el I.V.A. que aporta mas de la mitad del total de ingresos, le siguen impuestos que gravan consumos específicos y otros impuestos menores.
Por último están los impuestos sobre la renta y el patrimonio como destacados, cuyas grandes partidas son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) y el Impuesto sobre la Renta de las Sociedades, el primero de éstos es el mas importante pues aporta casi dos tercios de la recaudación total seguido por el segundo que acabamos de mencionar (I.R.S), que aporta un cuarto.
La presión fiscal en la economía española, que mide los impuestos y cotizaciones sociales, fue en 2002 un poco mayor del 35%, situando a España en el grupo de países con menor presión fiscal, pero que aún asi esta muy por encima de otros países mas desarrollados.
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